Todos tenemos impregnada en la retina aquella heroica tarde en la que un grupo de valerosos comandos irrumpió en la residencia del Embajador de Japón para rescatar con vida a setentaidós rehenes. Tras ciento veintiséis días de áridas negociaciones, el gobierno se vio en la encrucijada de ceder a una peligrosa pasividad o de proceder a una acción decisiva. El Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) había cerrado su disposición a negociar. Dados los antecedentes de este grupo terrorista, era previsible que el punto muerto significara también la pérdida de vidas humanas. El gobierno de entonces decidió tomar las riendas a través del uso de la fuerza. Los comandos actuaron con precisión, en la línea de un plan cuyo objetivo fundamental era salvar a los cautivos. La operación de rescate, llamada “Chavín de Huántar”, fue exitosa, incluso modélica. El heroísmo de los comandos fue reconocido. No obstante ello, los comandos fueron sometidos a una injusta suspicacia. Casi quince años después de ponerse en tela de juicio su actuación (y dieciocho del rescate) los comandos son reivindicados por una sentencia internacional que, si bien no se pronuncia sobre responsabilidades individuales, pone punto final a la inseguridad que se cernía sobre ellos con un doble juicio. Es importante que la opinión pública sepa que el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) respecto a este caso constituye una victoria jurídica enraizada en una auténtica búsqueda de verdad y justicia. (Extracto presentación).