El objetivo de la presente investigación es estudiar el conjunto de estrategias políticas que las fuerzas armadas desarrollaron para hacerle frente a dos procesos simultáneos ocurridos tras la transición a la democracia iniciada en el Perú el año 2000: Por un lado, el proceso de justicia transicional tras el fin del régimen de Alberto Fujimori, cuyo principal hito fue la instalación de una Comisión de la Verdad y Reconciliación, y la subsecuente judicialización de casos de violaciones de derechos humanos cometidas por efectivos militares durante el conflicto armado interno. Por otro lado, la creciente tendencia de los últimos gobiernos democráticos de utilizar a la fuerza armada para tareas de seguridad interior, tanto en el control de la seguridad pública, ante los crecientes niveles de conflictividad y movilización social registrados en el Perú, como en el combate a los remanentes armados de Sendero Luminoso aliados al narcotráfico en el valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE).