La edición 2008 del Informe Progreso Económico y Social aborda los patrones cambiantes de la inclusión y la exclusión social, una de las inquietudes más apremiantes que enfrentan los gobiernos en América Latina y el Caribe. En efecto, una gran parte del intenso debate sobre las políticas económicas y sociales necesarias para lograr el crecimiento sostenible y equitativo gira en torno a la cuestión de la inclusión social. Este informe muestra que alcanzar la inclusión social demanda no solamente que se reparen las injusticias pasadas con transferencias de recursos y programas de acción afirmativa, sino también –lo que es más importante– que se cambie la forma en que se toman las decisiones, se asignan los recursos y se ejecutan las políticas. La exclusión social es la amenaza más peligrosa que enfrenta la democracia en América Latina y el Caribe. En nuestra región la democracia es resultado de una valerosa lucha social que comprometió a la mayoría de la población bajo el estandarte de crear sociedades más modernas, más prósperas y más justas. De hecho, en los últimos 25 años ha habido significativos avances hacia la democratización de nuestros sistemas políticos, el control de una inflación endémica y la integración de nuestras economías en el mercado mundial. El progreso no se ha limitado a la política y la economía: la esperanza de vida, la nutrición, la escolaridad y muchos otros indicadores de bienestar han mejorado y continúan haciéndolo. Sin embargo, la pobreza, la desigualdad y la falta de buenos empleos y oportunidades para facilitar la movilidad social de la mayoría representan áreas en las cuales aún queda mucho por hacer, y en las cuales más que nunca las sociedades de América Latina y el Caribe exigen resultados.