La criminalidad organizada se vale de un nivel de sofisticación cada vez mayor para ocultar y dar apariencia de legalidad a los activos ilícitamente obtenidos, volviéndose así cada vez más peligrosa para la seguridad de nuestra sociedad. Asimismo, nuestro país ha sufrido las consecuencias de la violencia desatada por la actividad terrorista, la cual generó cuantiosas pérdidas humanas y económicas. En ese sentido, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo constituyen serios delitos y su efectiva lucha es de prioritario interés del Estado peruano, en concordancia con lo señalado por el Acuerdo Nacional en sus Políticas de Estado Vigésimo Sexta y Trigésima.

Combatir a las organizaciones criminales y terroristas al momento en que pretenden usar el sistema legal para movilizar activos nos da una oportunidad para descubrir e investigar sus operaciones, llevar a los responsables ante la justicia, despojarlos de sus bienes y, finalmente, utilizar dichos bienes para fortalecer a las instituciones que luchan contra ellos.