Un delito que ha sido obviado por las autoridades peruanas al juzgar por violación de |
derechos humanos al ex presidente Alberto Fujimori, ha sido el de las esterilizaciones |
forzadas impulsadas y practicadas durante su segundo gobierno. |
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Fueron más de 200 mil las peruanas a las que les ligaron las trompas no sólo bajo |
engaños, a muchas inclusive las obligaron a hacerlo bajo amenaza de no recibir la ayuda |
alimentaria que ofrecía el gobierno de Fujimori. |
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Este caso llegó a los tribunales peruanos, y luego de pasar diversas instancias terminó |
en la Fiscalía Provincial de Delitos contra los Derechos Humanos, la que finalmente |
decidió archivar el caso en mayo de 2009. Decisión que fue confirmada meses después, |
en diciembre de ese mismo año, por la Fiscalía Superior de Derechos Humanos. |
¿Es aún viable que las miles de mujeres peruanas que fueron víctimas de ésta abyecta |
campaña de esterilización forzada auspiciada por el gobierno de Alberto Fujimori, |
puedan obtener justicia? |
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“No sólo es posible sino que se trata de una obligación pendiente por la que debe |
responder el Estado peruano. Corresponde a las autoridades investigar, llevar ante la |
justicia y sancionar a los responsables, garantizando los derechos de las víctimas a |
contar con un recurso efectivo y obtener reparación”, dice Giulia Tamayo, abogada |
peruana que en 1997 comenzó a seguir el tema desde el Comité de América Latina y el |
Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM). |
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Tamayo tal vez sea la jurista que mejor conoce el caso. Ella efectuó un minucioso |
trabajo de recolección de testimonios que fueron reunidos en una investigación que |
demostraba con pruebas fehacientes, la coerción a la que se sometió a las mujeres más |
vulnerables del país. Sobre todo a las que vivían en las comunidades más alejadas del |
país, quechua hablantes y campesinas. |
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“Hasta ahora las numerosas víctimas que han venido denunciando los graves abusos |
llevados a cabo en el marco del Programa de Planificación Familiar durante el régimen |
de Fujimori, han sufrido una segunda vulneración de sus derechos al ser mantenidas en |
una prolongada injusticia”, dice la abogada, quien debido precisamente a sus pesquisas, |
fue víctima de un acoso que la obligó a dejar el Perú para establecerse en España. |
Tamayo trabaja ahora como especialista en género en la delegación española de |
Amnistía Internacional, y aunque el tiempo ha pasado, éste tema no deja de interesarle, |
más aún después de la decisión de la justicia de archivar el caso, decisión que interpreta |
como una “muestra obscena de desprecio por las víctimas de graves abusos contra los |
derechos humanos y de descomunal ignorancia del derecho internacional”. |
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