El compendio presenta la legislación vigente al 2002 dirigida a tres sectores afectados por el terrorismo:

a) las autoridades civiles y políticas y los funcionarios y servidores públicos;

b) los miembros de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas; y

 c) los integrantes de los Comités de Autodefensa y Rondas Campesinas. Estos últimos han señalado en diversas oportunidades las limitaciones del marco legal vigente, pues los beneficios sólo alcanzan a las víctimas producidas a partir del 11 de noviembre de 1992, lo cual deja fuera de sus alcances a un número importante de las víctimas.