Desde abril de 1992, cuando entró en vigor la legislación «antiterrorista» en Perú, Amnistía Internacional ha expresado su honda preocupación por el hecho de que centenares de personas han sido acusadas de delitos falsos de «terrorismo» y han sido encarceladas injustamente durante años. Desde 1992, la organización ha documentado más de 1.100 de estos casos. Amnistía Internacional considera a estas personas presos de conciencia, y ha instado a las autoridades peruanas a ponerlas en libertad de forma inmediata e incondicional.