La sentencia del 20 de julio, emitida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de  Justicia en el caso de la matanza de Barrios Altos, pretendió convertirse en un punto de quiebre en la intervención de la Suprema en los casos de graves violaciones a los derechos humanos generando un nuevo mecanismo de impunidad, pero hasta la fecha lo que ha logrado es todo lo contrario. No solo ha puesto en evidencia la existencia de un sector de magistrados plenamente dispuesto a hacerle el juego a los condenados por crímenes de lesa humanidad, sino que ha aumentado el descrédito del Poder Judicial y ha colocado al Perú al borde de un nueva decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que acuse el incumplimiento de nuestras obligaciones internacionales.