Durante los últimos dieciséis años, miles de peruanos han sufrido violaciones de derechos humanos sistemáticas y generalizadas a manos de las fuerzas de seguridad del Perú. Los responsables no han sido enjuiciados ni castigados más que en un número reducido de casos. La impunidad por la comisión de violaciones de derechos humanos ha caracterizado la política de cuatro administraciones sucesivas del Perú. Este estado de cosas se alteró en junio de 1995 con la promulgación de la ley de amnistía, que confiere un indulto a todos los miembros de las fuerzas de seguridad y autoridades civiles que participaron en violaciones de derechos humanos entre mayo de 1980 y mediados de junio