Ante duras críticas generalizadas que trascendieron fronteras, el parlamento de Perú, a instancias del propio gobierno, derogó el decreto ley que habilitaba la prescripción y archivo de causas por delitos de lesa humanidad. En medio del escándalo renunció medio gabinete ministerial.   La decisión del Congreso legislativo fue precedida este martes por la modificación del Decreto Legislativo 1097, con arreglos que flexibilizaban su aplicación, y luego por el desplazamiento en cadena de nueve de los 18 ministros del gobierno de Alan García.