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Opinión | Jue. 28 ago '08
Con verdad pero sin reconciliación
Un lustro después del informe final de la CVR.
Las opiniones de varias autoridades políticas escuchadas en estos días
permiten concluir que aunque algunas cosas han cambiado en el país desde la
presentación del informe final de la CVR, otras siguen igual y hasta
peor.
En el lado positivo está la contribución de la CVR a sacar adelante los procesos por violación de derechos humanos incluyendo los juicios a Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, la cúpula militar de los noventa y sus operadores asesinos del grupo Colina. También, el sistema de reparaciones por este fenómeno.
Pero donde se ha avanzado poco es en el entendimiento, por parte de la dirigencia política nacional, sobre lo ocurrido, sus orígenes, y lo que, con una visión de futuro, se requiere hacer en el país para erradicar las condiciones que facilitaron la aplicación de los planes sanguinarios de Sendero Luminoso y el MRTA.
Tampoco, en la reconciliación nacional a partir de la identificación de las responsabilidades por lo ocurrido en los ochenta y en buena parte de los noventa.
Eso es lo que se desprende de las lamentables declaraciones ofrecidas en estos días por el ministro de Defensa, Antero Flores-Aráoz, por el vicepresidente Luis Giampietri, y por el comandante general del Ejército, el general Edwin Donayre.
O no han leído el informe de la CVR, o han optado por la mentira sistemática con el fin de demostrar que el mismo es propaganda del terrorismo y contra las fuerzas armadas. Afortunadamente, no todos en el gobierno piensan de ese modo, y en este aspecto cabe destacar el papel importante del premier Jorge del Castillo.
El informe de la CVR condena, en primer lugar, al terrorismo como el origen de esas dos décadas de terror que vivió el Perú. Pero, también, los excesos realizados en la respuesta de la sociedad a dicho fenómeno.
Antes que las fuerzas armadas, los principales responsables fueron los gobiernos y los partidos políticos que de un modo tan irresponsable optaron por hacerse de la vista gorda y 'encargarle’ a los militares que 'resuelvan’ el problema al costo que fuera, sin tener en cuenta el respeto indispensable que demanda una democracia y los derechos humanos, creyendo que, de ese modo, salvaban su responsabildad. No es así. Ellos siguen en el banquillo.
En el lado positivo está la contribución de la CVR a sacar adelante los procesos por violación de derechos humanos incluyendo los juicios a Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, la cúpula militar de los noventa y sus operadores asesinos del grupo Colina. También, el sistema de reparaciones por este fenómeno.
Pero donde se ha avanzado poco es en el entendimiento, por parte de la dirigencia política nacional, sobre lo ocurrido, sus orígenes, y lo que, con una visión de futuro, se requiere hacer en el país para erradicar las condiciones que facilitaron la aplicación de los planes sanguinarios de Sendero Luminoso y el MRTA.
Tampoco, en la reconciliación nacional a partir de la identificación de las responsabilidades por lo ocurrido en los ochenta y en buena parte de los noventa.
Eso es lo que se desprende de las lamentables declaraciones ofrecidas en estos días por el ministro de Defensa, Antero Flores-Aráoz, por el vicepresidente Luis Giampietri, y por el comandante general del Ejército, el general Edwin Donayre.
O no han leído el informe de la CVR, o han optado por la mentira sistemática con el fin de demostrar que el mismo es propaganda del terrorismo y contra las fuerzas armadas. Afortunadamente, no todos en el gobierno piensan de ese modo, y en este aspecto cabe destacar el papel importante del premier Jorge del Castillo.
El informe de la CVR condena, en primer lugar, al terrorismo como el origen de esas dos décadas de terror que vivió el Perú. Pero, también, los excesos realizados en la respuesta de la sociedad a dicho fenómeno.
Antes que las fuerzas armadas, los principales responsables fueron los gobiernos y los partidos políticos que de un modo tan irresponsable optaron por hacerse de la vista gorda y 'encargarle’ a los militares que 'resuelvan’ el problema al costo que fuera, sin tener en cuenta el respeto indispensable que demanda una democracia y los derechos humanos, creyendo que, de ese modo, salvaban su responsabildad. No es así. Ellos siguen en el banquillo.
